EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)

La Década Moderada finaliza con la Revolución de 1854. El partido moderado y el gobierno del conde de San Luis se encuentran desgastados. Espartero propone a la Reina la convocatoria de unas nuevas Cortes Constituyentes, y que éstas estén  formadas solo por el Congreso de los Diputados, para impedir la presión conservadora del Senado.

Tras las elecciones, las nuevas Cortes Constituyentes abren sus sesiones el 8 de noviembre de 1854. En la Sesión Regia de apertura, el discurso de la Reina Isabel II recobra el apoyo popular al acercarse  a los progresistas. Se nombra una Comisión Constitucional para que elabore un nuevo texto. En primer lugar, se discute el tema de la soberanía nacional, que es el punto conflictivo entre moderados y progresistas. Los derechos individuales quedan reforzados y garantizados. José María Orense no consigue introducir el sufragio universal. La cuestión religiosa es objeto de debate entre los partidarios de recoger en el texto la unidad católica de España y los que pretenden introducir la libertad de cultos. Se respetan las dos cámaras, pero el Senado pasa a ser electivo, para que sus miembros sean designados igual que los diputados. Las cuestiones más cercanas a los progresistas fueron las relacionadas con los municipios, la milicia nacional y la instauración del jurado.

Destaca en este bienio la Ley Desamortizadora promulgada el 1 de mayo de 1855, conocida como la Desamortización de Madoz. Pascual Madoz es recordado por su obra Diccionario geográfico, histórico y estadístico de España y sus posesiones de Ultramar, 1848-1850, en 16 volúmenes, que representa el primer intento de recogida  de datos estadísticos de toda la geografía política y social de España.

El 15 de septiembre de 1856, el presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O´Donnell, firma en Palacio, un Acta Adicional a la Constitución de la Monarquía Española de 1845. La vigencia del Acta Adicional es tan breve que queda sin efecto por otro Real Decreto de 14 de octubre del mismo año, que dispone que rija y se observe sólo la ley constitucional de 23 de mayo de 1845.

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